Por Carolina López Flores
Abogada Especializada en Der. Humanos Ambientales - Miembro del IDELA - Docente
La marcha contra la carretera bioceánica que el Gobierno de Bolivia pretendía construir a través del Territorio Indígena Parque Nacional Iseboro Sécure (Tipnis) no fue una protesta más. Es el segundo conflicto en 2011 que pone a prueba la capacidad del presidente, Evo Morales, de demostrar que "representa" la comunión con los pueblos originarios, incluso con aquellos que ahora lo enfrentan. A principios de año fue el alza en el precio de los combustibles, hecho que contrastó con las reservas y exportaciones de gas que realiza el país vecino.
Este conflicto tiene varias aristas que salieron a la luz y pusieron en evidencia las divisiones en el apoyo popular al Gobierno del Movimiento al Socialismo, y en especial al Presidente que encarna el declarado constitucionalmente Estado Plurinacional de Bolivia. Ha puesto sobre la mesa las contradicciones entre los discursos sobre el respeto a todas las comunidades indígenas (sin distinciones en relación a la cantidad de miembros) y las políticas públicas que aparentemente tienden al beneficio de la "mayoría del pueblo boliviano".
Las imágenes de la represión contra los marchistas (indígenas y ambientalistas) desterraron el mito sobre la comunión absoluta de todos los indígenas con Morales. En la imperiosa necesidad de identificar culpables, se señaló como responsables a la oposición de derecha, a Estados Unidos y a ex miembros de su equipo alineados en un complot con EEUU.
Para quienes protestaron se rompió las bases que sostenían la imagen de representatividad del Presidente: la democracia consultiva, la protección de los recursos naturales contra el avance de los modelos extractivos, el respeto a la Pachamama y el rechazo a los capitales extranjeros que quieran "colonizar" el suelo boliviano.
La carretera (ahora suspendida) tiene "viejos aires de colonización", solo que ahora el disfraz se llama modernidad y desarrollo socioeconómico. Los colonos no son europeos sino brasileños, representados en una empresa de ese país y en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil. Las comunidades afectadas por la obra (moxeños, yurakarés y chimanes, entre otros) reclaman respeto por su territorio, el medio ambiente y sus derechos constitucionales, esos mismos derechos que otrora el Presidente llevó como bandera del proceso de cambio, y fueron adquiridos y reconocidos por título ejecutorial entregado por el mismo Morales en 2009.
Esta lucha es el espejo de los viejos aires de colonización que todavía se respiran en América Latina con nuevos ropajes y otros discursos, con pueblos que marchan defendiendo sus derechos y sus recursos naturales incluso contra sus representantes, represiones ilegales y sus propios vecinos. Viejos aires de colonización y nuevos sospechosos de colonialismo encubierto.